Fiscalización y Prevención: Las Deudas de Chile en Inocuidad Alimentaria
Mientras Estados Unidos se apresta a hacer cumplir una nueva reglamentación modernizada, en Chile el Gobierno, los privados y la academia toman cartas en el asunto.
La inocuidad de los alimentos es uno de los temas que se toman la agenda mundial: los gobiernos aumentan su preocupación para asegurar que su producción e importaciones no impliquen riesgos para la salud. En EE.UU. son más de 48 millones de personas las que se enferman anualmente por la comida. De ahí que la Food and Drugs Administration, FDA -responsable de la regulación sobre alimentos y medicamentos-, está transformando en forma radical, mediante la emisión de normas finales, su histórica Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria -FSMA, por su sigla en inglés-, con el fin de prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos, tanto a personas como a animales.
Hasta ahora, la FDA ha finalizado cinco de las siete reglas; los dos restantes serán terminadas en los próximos meses. Las primeras fechas de cumplimiento de estas normativas serán a finales de 2016; aunque, la mayoría de las empresas, predios, exportadores e importadores de alimentos deberán comenzar a regirse por ella a fines de 2017. Según el subdirector regional de la Oficina de Latinoamérica de la FDA, Julio Salazar, se necesitará tiempo para que la propia FDA y la industria asuman los cambios requeridos. "El éxito de este nuevo sistema de modernización de inocuidad alimentaria dependerá de la FDA, de las entidades regulatorias de los gobiernos y de la industria de alimentos, los que deberán trabajar conjuntamente para asegurar que todos y cada uno cuenten con la información requerida", explica.
Los importadores estadounidenses incluidos en la norma deben regirse por el Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros -FSVP por sus siglas en inglés- para confirmar que quienes los abastecen producen alimentos con el mismo nivel de protección de la salud pública que se les exige a quienes los generan en EE.UU. Para garantizar que los alimentos no estén adulterados y/o mal etiquetados con respecto a los alérgenos. Salazar señala que los importadores son responsables de determinar los peligros conocidos o razonablemente previsibles de cada alimento, evaluando los riesgos que plantea y determinando las actividades de verificación de los proveedores para llevar a cabo las acciones correctivas.
La ley establece, además, un programa llamado Certificación de Terceros Acreditados que acredita organismos que legitiman a auditores para llevar a cabo las comprobaciones de inocuidad alimentaria y certificar que las instalaciones extranjeras y los alimentos producidos en ellas cumplan con los requisitos de inocuidad alimentaria exigidos. "Para evitar que los alimentos potencialmente contaminados lleguen a los consumidores de EE.UU., la FDA puede requerir, en circunstancias específicas, que un alimento ofrecido para importación sea acompañado de una certificación otorgada por un organismo de certificación de tercera parte", recalca Salazar.
La realidad chilena: En los últimos 20 años en Chile ha habido avances significativos en materia de inocuidad alimentaria, incorporando las exigencias establecidas por los mercados más exigentes del mundo en materia de inocuidad. De hecho, en 2015, y por tercer año consecutivo, Chile se situó como el país de mejor ranking de Latinoamérica en el Food Security Index. Además, el último estudio global de carga de enfermedades trasmitidas por los alimentos, de la OMS, clasifica a nuestro país entre los de menor carga de las Américas. La preocupación por el tema es alta. Así en 2015 se envió a tramitación parlamentaria el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad y la agencia que los coordina y conduce, Achipia, con carácter de servicio público autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dependiente del Ministerio de Agricultura.
Michel Leporati, secretario ejecutivo de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (Achipia), explica el rol de la entidad es de coordinación y conducción del Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria. Actualmente es responsable de implementar la política y fortalecer la institucionalidad; coordinar y dar soporte al análisis de riesgo en el sistema nacional de inocuidad y calidad alimentaria; articular y coordinar los sistemas normativos de fiscalización, de fomento productivo y el de ciencia y tecnología; y actuar a nivel internacional en representación de Chile; además de coordinar el Codex Chile.
Esfuerzos privados: El sector académico, por su parte, ha ido desarrollando investigaciones para apoyar con base científica, los cambios requeridos para mantener la inocuidad en los alimentos. Y si bien hay avances, cada actor los ha llevado a cabo en forma independiente, por lo que muchos incluso son desconocidos entre ellos. Por esto la Facultad de Agronomía de la UC, con el apoyo de CONICYT, trabaja en crear una red de vinculación entre el sector público, el privado y el académico, que permita articular el trabajo de los involucrados.
"Todos los alimentos que se producen o importan a Chile están regulados por el Código Sanitario y/o por el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Lo que nos falta es mejorar la capacidad fiscalizadora, no solo del producto al ingreso al país, sino que también la implementación de un sistema de prevención prefrontera. Es decir, que se certifique que el proceso de producción cumple con los requisitos de la reglamentación nacional. En inocuidad alimentaria, el mejor remedio es la prevención y evitar que los alimentos lleguen a contaminarse", sostiene María Angélica Fellenberg, académica de la Facultad de agronomía de la Universidad Católica. Recalca que la inocuidad es tarea de todos, desde el productor hasta el consumidor final, incluidos los transportistas y los intermediarios. "Se debe tener una visión de cadena, donde cada uno de los eslabones tiene una responsabilidad sobre el producto final", puntualiza.
En Chile alimentos vienen trabajando desde hace tiempo en el tema. "Participamos en un grupo de trabajo sobre inocuidad en el Ministerio de Agricultura. Hemos difundido los textos de la Ley para recibir opiniones y consultas de nuestros asociados. También trabajamos con nuestros socios, porque algunos, relacionados con certificaciones y laboratorios, tienen representantes en EE.UU., por lo que conocen los avances y preocupaciones que hay en esta materia. A demás, mantenemos comunicaciones abiertas con la oficina de la FDA en Santiago, como con los agregados agrícolas y comerciales de Chile en EE.UU.", señala Guillermo González, gerente general de la entidad.
Respecto de los estándares en Chile y en EE.UU., agrega que no se puede asegurar que uno u otro sea más alto. "Lo importante es que la industria, que en general está orientada a los mercados internacionales, ha sido capaz de adaptarse a las exigencias que cada país ha determinado. Para nosotros sería más fácil tener a nivel internacional normas y criterios homologados universalmente, pero desafortunadamente no es así. Sin duda la capacidad de adaptabilidad que la industria de los alimentos de Chile ha tenido en estos temas es una de las fortalezas competitivas y no dudamos que seremos capaces también de adaptarnos a las nuevas exigencias de EE.UU. Para ello debemos ser capaces de coordinarnos muy bien entre el sector público y privado", dice González.
A su vez, la Asoex, junto a su comité de inocuidad, coordinado por la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), trabaja en el tema desde el principio. "Junto con analizar las propuestas de normas publicadas por la FDA, hemos participado activamente en los comentarios públicos de cada una de ellas. Por su parte, FDF ha contribuido a través de diversas publicaciones y seminarios a difundir las directrices e información técnica a la industria", señala Ronald Bown presidente de Asoex.
Desde el año 2000 realizan seminarios técnicos, con participación de funcionarios de la FDA y FDF, y actualmente, junto al consejo exportador de alimentos, trabajan con el Ministerio de Agricultura y la oficina del FDA en Chile para colaborar en la organización de nuevos talleres y seminarios para actualizar a la industria.
"Hoy, la industria frutícola se encuentra bastante bien preparada para enfrentar estas normativas. Por ejemplo, en las auditorías que la FDA ha realizado en Chile a un número importante de instalaciones destinadas a los embalajes y almacenaje refrigerado de frutas destinadas al mercado de EE.UU., no se han registrado incumplimientos relevantes de las normativas. Respecto de los estándares, en términos generales, la industria los cumple. Sin embargo, existen algunos temas específicos que hemos analizado con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Achipia, que deberíamos actualizar desde el punto de vista reglamentario, ya que no solo EE.UU. tiene disposiciones más modernas sobre la materia, sino también la Unión Europea, China, Corea, Japón, entre otros países", agrega Bown.
También los pequeños: La amplitud, diversidad y distribución de la producción de alimentos de pequeña escala, asociados a las dificultades tecnológicas, financieras, de gestión y otras que deben hacer frente los pequeños productores hacen complejo que puedan adoptar las exigencias de inocuidad actuales.
Como una forma de avanzar, Achipia definió como uno de sus cuatro ejes prioritarios la articulación e integración del sistema normativo fiscalizador con el mundo productivo. Para ello establecieron programas de trabajo con los organismos de fomento -Indap, Corfo, Sercotec, Fosis, Sence, ChileValora, CPL, PEA, FIA, entre otros-, para que cada uno introduzca la variable de inocuidad en sus planes, programas e instrumentos.
"Se encuentran en marcha programas de cierre de brechas en rubros específicos con el Indap, programa de reducción de nutrientes críticos con el Consejo de Producción Limpia, programas de capacitación con Sercotec, programa de adecuación de perfiles laborales con Sence y ChileValora, por mencionar algunas iniciativas en desarrollo desde 2015", cuenta Leporati.
María Angélica Fellenberg agrega que los pequeños productores no siempre están en condiciones de producir bajo las exigencias requeridas y cuando hacen el esfuerzo de implementar las medidas, éste no necesariamente es reconocido. " Esto se debe a que gran parte de los consumidores chilenos no exige y no tiene cómo comprobar tampoco que el producto que está comprando y/o consumiendo es inocuo. Tampoco existen sistemas de trazabilidad que le permitan tanto al consumidor saber de dónde proviene el producto, ni al productor dar a conocer que su oferta cumple con la reglamentación adecuada", explica.
La académica de la Universidad Católica señala que hay mucho que trabajar no solo en el apoyo a los productores pequeños y medianos. "También en el desarrollo de políticas públicas que enseñen al consumidor, faciliten los sistemas de trazabilidad, transparenten los sistemas de compra y venta de productos agropecuarios y en promoción de los productos inocuos, entre otros".
Fuente: Revista Del Campo, 28.03.2016